Fuente del artículo y de la foto: Base IS
BASE IS
La Secretaria Ejecutiva de CODEHUPY, Carmen Coronel, y el abogado Roque Orrego, se entrevistaron hoy lunes por la mañana con Rubén Candia Amarilla, Fiscal General del Estado, a quien pidieron que la propia Fiscalía direccione que a Sindulfo Agüero, recluido en Tacumbú, lo beneficien con la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta la edad del mismo.
Los argumentos presentados fueron, la edad de Agüero que está llegando a los 70 años; que no puede estar en la cárcel hasta que haya una acusación firme; y por el deterioro de la salud del dirigente campesino, debido principalmente a los golpes de las torturas recibidas durante la dictadura de Stroessner, es decir, por violaciones de los derechos humanos por parte del propio Estado paraguayo.
El abogado Orrego explicó que la propuesta de CODEHUPY es sacarlo de Tacumbú, llevarlo a un centro asistencial donde lo atiendan adecuadamente y que luego lo recluyan en su domicilio, donde estará custodiado, para que esté protegido mientras dure el proceso judicial. Según el representante de la CODEHUPY, la custodia deberá ser no por una posibilidad de que se escape y huya del proceso judicial, sino más bien como protección frente al grupo armado delictivo.
Pidieron objetividad para el proceso del dirigente campesino, frente al Palacio de Justicia
A la par de la reunión entre CODEHUPY y Candia Amarilla, unas treinta personas de Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos exigió el respeto de un debido proceso judicial y la presunción de inocencia para Sindulfo Agüero (69), privado de su libertad desde hace un año. Al dirigente campesino de la Organización Campesina del Norte (OCN) le acusan de haber colaborado con el EPP en el secuestro de Luis Lindstron, aunque los fiscales no se dignaron a explicar cómo Agüero materializó esa supuesta ayuda.
El principal reclamo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) es que a Agüero le acusan sin pruebas, pues el único argumento presentado por los fiscales Sandra Quiñónez y Francisco Ayala (que lo acusaron) es un intercambio de llamadas entreAgüero y un supuesto sospechoso de formar parte del EPP. La fiscalía ni siquiera presentó el contenido de la llamada.
Ante esta situación, el Estado paraguayo (en especial la Fiscalía) estaría violando tanto la Constitución Nacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho de Agüero al debido proceso judicial y la presunción de inocencia, hasta tanto la Fiscalía pruebe lo contrario, con pruebas materiales. Lo más preocupante del caso es el estado deteriorado de salud deAgüero, provocado principalmente por las torturas ya mencionadas, y porque desde hace más de dos semanas, empezó una huelga de hambre como reclamo a su situación.
Los argumentos presentados fueron, la edad de Agüero que está llegando a los 70 años; que no puede estar en la cárcel hasta que haya una acusación firme; y por el deterioro de la salud del dirigente campesino, debido principalmente a los golpes de las torturas recibidas durante la dictadura de Stroessner, es decir, por violaciones de los derechos humanos por parte del propio Estado paraguayo.
El abogado Orrego explicó que la propuesta de CODEHUPY es sacarlo de Tacumbú, llevarlo a un centro asistencial donde lo atiendan adecuadamente y que luego lo recluyan en su domicilio, donde estará custodiado, para que esté protegido mientras dure el proceso judicial. Según el representante de la CODEHUPY, la custodia deberá ser no por una posibilidad de que se escape y huya del proceso judicial, sino más bien como protección frente al grupo armado delictivo.
Pidieron objetividad para el proceso del dirigente campesino, frente al Palacio de Justicia
A la par de la reunión entre CODEHUPY y Candia Amarilla, unas treinta personas de Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos exigió el respeto de un debido proceso judicial y la presunción de inocencia para Sindulfo Agüero (69), privado de su libertad desde hace un año. Al dirigente campesino de la Organización Campesina del Norte (OCN) le acusan de haber colaborado con el EPP en el secuestro de Luis Lindstron, aunque los fiscales no se dignaron a explicar cómo Agüero materializó esa supuesta ayuda.
El principal reclamo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) es que a Agüero le acusan sin pruebas, pues el único argumento presentado por los fiscales Sandra Quiñónez y Francisco Ayala (que lo acusaron) es un intercambio de llamadas entreAgüero y un supuesto sospechoso de formar parte del EPP. La fiscalía ni siquiera presentó el contenido de la llamada.
Ante esta situación, el Estado paraguayo (en especial la Fiscalía) estaría violando tanto la Constitución Nacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho de Agüero al debido proceso judicial y la presunción de inocencia, hasta tanto la Fiscalía pruebe lo contrario, con pruebas materiales. Lo más preocupante del caso es el estado deteriorado de salud deAgüero, provocado principalmente por las torturas ya mencionadas, y porque desde hace más de dos semanas, empezó una huelga de hambre como reclamo a su situación.
LINK:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario